Con
júbilo, vítores y onanismos varios se celebró el día 27 la dimisión de
Lasquetty y el anuncio del fin del camino privatizador emprendido por la
comunidad de de Madrid. Esto, además de ser una flagrante mentira, supone una
estrategia política en toda regla. Una cortina de humo acrecentada por la que
se supone que es la movilización en defensa de lo público por antonomasia: la
marea blanca. Como entiendo que en principio es un mensaje un tanto chocante, creo
que es importante hacer una pequeña retrospectiva que nos sitúe en la realidad
de lo que está ocurriendo.
La marea blanca, sin noticias hasta 2012
Hacia
2012 todos vimos en nuestras televisiones lo que parecía una nueva forma de
sindicalismo. Cientos de batas blancas comenzaban reivindicaciones al más puro
estilo “quincemero” para concienciar a la población de la importancia de la
defensa de la sanidad pública. ¿Era posible que los médicos se hubieran
desprendido de esa caspa brillante de aspirantes a clase alta para ponerse el
mono de obrero y, por primera vez, preocuparse realmente de sus convecinos?
Nada más lejos de la realidad. Sin embargo, toda la clase media progreguay
rápidamente corrió a destacar lo loable de su lucha.
Hacia
2012 lo que había ocurrido era que el proceso privatizador de la sanidad había
llegado al sueldo de facultativos y enfermeras. Durante los diez años
anteriores todos los demás servicios había sido pasto de las
“externalizaciones” del PP y PSOE (fundamentalmente). Durante aquel tiempo
mantenimiento, cocina, lavandería, transporte general y emergente, analíticas,
pruebas diagnosticas por imagen, tratamiento y procesamiento de sangres y
tejidos, limpieza, provisión y almacenaje, celaduría (no en todos), gestión de
recursos, informática, gestión y documentación de historias… etc. habían sido
ya privatizadas y sus trabajadores despojados de sus derechos (bajada salarial incluida).
El hecho diferencial esta vez es que era el turno de enfermería y medicina.
Sabedores
de que en el momento en el que la sanidad privada no tenga que competir con la
pública bajarían considerablemente sus sueldos y privilegios, comenzaron los
bailes y cadenetas mediáticas. No hay que ser muy inteligente para entender que
una de las formas de aumentar el beneficio neto empresarial pasa por adelgazar
el “coste laboral”, sin embargo. sus estrategias de lucha distaban mucho de las
lógicas en un problema laboral. La estrategia consiste en disfrazar de cara a
la opinión pública una lucha legítima que engloba a toda la ciudadanía
(demostración de fuerza) mientras la presión real se ejerce tras la cortina.
Pero… ¿Quién ejerce esa presión?
El sindicato y colegio médico y su sobrino pequeño SATSE y los colegios de enfermería: Una mafia
Algo
que la gente de a pie no suele saber es que hacia finales de los años ochenta,
con la llegada masiva del “obrero a la universidad” se produjo un “excedente”
de médicos. Es decir, algunos médicos recién salidos del hospital no
encontraban trabajo. El paro no era nada alarmante (aprox. 6-8%) si se tiene en
cuenta que el paro entre 1982 y 1998 no descendió del 15,5% y que tocó su techo
en 1994 (23,9%) (Fuente).
Sin embargo se produjo una gran alarma en el sector médico que rápidamente se
enfrentó a la administración pública. En primer lugar porque los recién
ascendidos a la clase media-alta presionaban al toparse con dificultades para
trabajar de forma inmediata (rompiendo el “ascensor social” mediante la
universidad) y en segundo lugar porque, aunque se impusieron normativas de
reparto del trabajo (número de días máximos de trabajo por eventual), la
realidad es que la corrupción y “venta” de cupos de guardias y contratos eran la
norma ya en el año 89 – 92.
Finalmente
el sindicato médico junto con los colegios profesionales consiguieron poner
orden entre los médicos y mediante la lucha institucional consiguieron un
acuerdo en 1994 por el cual se instauraban números clausus en las universidades
(1 estudiante por cada 10.000 habitantes) que, en la práctica, suponía
restringir el acceso a la formación médica a un número garantista de
candidatos. ¿Qué quiere decir garantista? Pues quiere decir que era una
restricción lo suficientemente importante como para garantizar el trabajo al
100% de los formados en la universidad. La consecuencia inmediata, de la que
alertaban numerosos estudios en aquella época, era que España tendría un
déficit de médicos hacia la década de 2000-2010 (como así fue). Cuestión que
tuvo que ser resuelta durante el segundo mandato de Zapatero con la
homologación masiva de profesionales médicos extranjeros, en su mayoría,
latinoamericanos. Actualmente muchas voces vuelven a clamar que el paro está
aumentando peligrosamente entre los médicos y lo achacan a esta medida tomada.
La realidad es que el sector médico es un sector extremadamente protegido
(desconozco si existe otro igual) y actualmente el paro médico es de 1,2% Fuente
Ya
con la entrada del tratado de Maastrich (1993) el colegio médico se dedicó a
presionar al gobierno reclamando una equiparación de salarios con sus
compatriotas europeos entre otras muchas reivindicaciones, todas ellas
dedicadas al aumento de sus salarios. Protestas que fueron escuchadas por la
entonces oposición del señor Aznar. Así, entre el 1996 y 2005 el colectivo
médico consiguió, entre otras cosas, el fin de la clausula que les impedía
compaginar el trabajo en la pública y en la privada (sin menoscabo del sueldo
pese a eliminar este complemento), mantener las guardias médicas (desaconsejado
por el consejo europeo), aumentar la remuneración de las guardias (aunque la
mayoría de países europeos optan por el turno rotativo), la implantación de las
peonadas (cirugías realizadas por la tarde y cobradas como horas extras),
facilidades para la concesión de licencias de consultas médicas privadas y
retribuciones extra si se alcanzaban logros tan cuestionables como la
disminución de listas de espera en cirugías (objetivo logrado si “aconsejaban”
a sus pacientes pasar consulta en su propia clínica privada) aumentos de hasta
el 10% del sueldo si disminuyen el gasto farmacológico entre otras cuestiones.
El
sindicato mayoritario en enfermería y auxiliares SATSE y los colegios de
enfermería no le van a la zaga. Pese a carecer de la fuerza de los galenos, al
ser mayoría sindical y laboral en el sistema sanitario han utilizado durante
estos años su fuerza para boicotear sistemáticamente mesas de negociación a
cambio del mantenimiento del estatus del colectivo. Paradigmático es su
desmovilización durante las luchas antiprivatización de otros colectivos
sanitarios, la vinculación con la trama Gürtel de algunos de sus dirigentes o
sus curiosas puertas giratorias con empresas privadas como Capio.
Las Unidades de Gestión Clínica (UGC): el quid de la cuestión
Al
amparo de la ley 15/97 (piedra angular para privatizar todo el sector) se ha
desarrollado un nuevo modelo de gestión de los servicios sanitarios. Con este
nuevo modelo, los recursos económicos pasan, de ser gestionados por el gerente
del hospital, a manos de la jefatura de cada servicio (medico y enfermera). De
este modo, todo lo que es gasto en materiales y sueldos se decide de manera
independiente por cada servicio (Fuente).
De este modo, y según esta filosofía empresarial, todo el ahorro que produzcan,
bien sea en material, pruebas o personal, pasa directamente a manos de los
gestores.
En
la práctica consiste en dividir los centros sanitarios públicos en
microempresas dotadas de entidad jurídica propia y con capacidad para
apropiarse de los beneficios generados por la venta de sus servicios a otras
Unidades o Centros Sanitarios. Es decir, hacer de un hospital un conjunto de
pequeñas empresas independientes. (Fuente).
De
este modo, en lugar de una privatización completa (una empresa se hace con el
control de todo el centro), este sistema privatiza el servicio a manos de los
mismos médicos y enfermeras (obviamente no todos) que hoy se manifiestan
mediante bailes y cadenetas en contra de que la sanidad pase a otras manos que
no sean las suyas. Quizá la diferencia más notable entre ambos métodos de
privatización sea que, a diferencia de la privatización total, la financiación
de estas microempresas sigue siendo pública mediante diversas y complejas
formulas que, se imagina, dependerán de la negociación con el ministerio.
La industria farmacéutica y su interés por la sanidad “pública”
Otra
de las caras en estas presiones en la trastienda, es la industria farmacéutica.
Considerada uno de los lobbies más influyentes del mundo (junto con el
armamentístico) tiene enorme interés en el mantenimiento de una sanidad
semipública. En primer lugar por el consumismo sanitario. La hiperdemanda sanitaria
de las clases medias (fomentado por el sistema y gestión ministerial) y el
sobreconsumo de fármacos suponen inmensos beneficios para estas empresas.
Empresas que tienen los mejores comerciales del mundo: los propios médicos.
¿Qué
piensa usted que es un visitador médico? Pues un corruptor. Se estima que los
laboratorios farmacéuticos se gastan entre 6 y 10.000 euros por médico (Fuente).
Se lo gastan en regalos de todo tipo, cenas en restaurantes de lujo, viajes en
primera clase para toda la familia con todos los gastos pagados (la excusa
siempre es una convención médica, curso o congreso), ordenadores portátiles,
bicicletas, teléfonos móviles de alta gama… etc. Todo para que los facultativos
prescriban determinados medicamentos, pruebas, utilicen unos dispositivos y no
otros en operaciones… etc. A más ingresos que produzcan mejores regalos reciben…
y es algo normalizado y conocido por todos.
Esto, a
priori, es difícil de pensar cuando
se trata de un ambulatorio donde los médicos prescriben analgésicos. Pensemos ahora el gasto hospitalario, es
decir, en la diferencia que supone que se utilicen unos dispositivos y no
otros. Tomemos como ejemplo a los traumatólogos que ponen una prótesis de cadera
o rodilla que vale de media 1.500-2.500 (Fuente)
o en un cirujano cardiovascular que pone un stent (cateterismo) de unos 1.000€-2000€
(Fuente).
¿Saben cuantas operaciones de prótesis de rodilla se hicieron en España en el
año 2009? 22.693 y tengan en cuenta estas operaciones aumentarán un 174% en los
próximos 25 años (673% las de rodilla) (Fuente) ¿Saben
cuántos dispositivos stent cardiovasculares se colocan en España cada año? Más
de 100.000 (Fuente).
Con
esto no se pretende argumentar que el colectivo médico opere por operar. De lo
que se trata es de que mientras la sanidad sea universal, y se mantenga el
consumismo sanitario (que existe, sobre todo en las clases medias) las farmacéuticas
mantendrán unos márgenes de beneficios cuantioso. De limitar el acceso al
sistema, verían mermado este margen.
Está
claro que con la privatización absoluta de la sanidad pública muchos otros
intereses económicos entran en juego, pero mientras exista un sistema donde se
permita el gasto de dinero público sin cortapisas y a criterio de intereses
privados, las farmacéuticas tendrán un mercado poco competitivo y muy rentable.
Los “problemas” de la privatización total
La
privatización completa de la sanidad pública supone la supervisión absoluta y
milimétrica del gasto para conseguir rentabilizar al máximo lo invertido, es
decir, aumentar beneficios. Para ello minimizan en pruebas diagnosticas (salvo
quienes las sufraguen con pólizas de seguros de alta gama), operaciones de
riesgo o medicaciones caras. Todo ello, en realidad, disminuye el gasto
farmacéutico si lo comparamos con el sistema actual, aunque sea una disminución
a costa de la salud del usuario.
En
esta lucha encarnizada por aumentar beneficios entre las distintas empresas otra
de las estrategias es la disminución de los costes laborales. Así, salvo que
sea un facultativo puntero que dé renombre (mayor clientela) a la entidad y
que, por su fama, las empresas compitan por contratarle, el resto de
facultativos sufrirán la competición opuesta. Al igual que hoy hay trabajadores
que compiten por bajarse el sueldo para que las empresas les contraten, a los
médicos les pasaría lo mismo.
Esto
solo puede ser frenado en el caso de que exista un ente mucho más poderoso con
el que competir: la sanidad pública. La ecuación es fácil, si en la pública con
un trabajo de “ochoatres” ganan 10, las privadas tienen que ofrecerles como
mínimo 11 para llevárselos o, gran flexibilidad horaria y menos presión para
que trabajen en la privada como complemento de la función pública. Todo esto
sin mencionar que las empresas privadas se ahorran el coste económico que
supone formar un/a buen/a profesional.
La falacia de esta marea blanca…
La
supervisión absoluta y milimétrica del gasto en fármacos, pruebas innecesarias,
o el “coste” asistencial se puede hacer perfectamente desde la gestión pública
con la ventaja, además, de que como no hay que repartir beneficios económicos
entre nadie, se disminuye el “gasto” sanitario, con lo que se puede invertir
ese remanente en políticas de aumentando la salud y calidad de vida de la
comunidad. De eso no habla la marea blanca.
La
marea blanca no se replantea como está montado este sistema sanitario. No habla
de quienes han ido torpedeando la línea de flotación de la, hasta 2009, quinta
sanidad más eficiente del mundo (Fuente).
No se replantea el enorme gasto sanitario que supone la inversión real en
atención primaría y promoción de salud. No habla de la eliminación de las
peonadas, de los complementos al sueldo desleales, de la conexión directa de
las farmacéuticas con los médicos, de las contraprestaciones en forma de planes
de pensiones privados de la administración pública, no habla de la importancia
de la autonomía del paciente en sus cuidados… etc.
Ni
siquiera se plantea la reivindicación del retorno al sistema público de todo lo
privatizado ya. De todxs lxs compañerxs que trabajan en sanidad de forma
subcontratada. No se plantea que los usuarios puedan elegir el sistema que más
les conviene, es decir, de la democratización de la sanidad. No hablan de la
importancia de la participación del individuo y la comunidad en los diseños
sanitarios. No quieren compartir la silla. Prefieren mantenerse en su estatus
de privilegiado agradecido.
¿Pero quiénes son la marea blanca?
Lo
que se olvidan quienes ahora se vanaglorian de esta “victoria” es que ellxs no
son realmente la marea blanca. Ellxs llevaron las batas puestas pero la fuerza
la pusieron las gentes en las calles. Muchxs de quienes ven con buenos ojos
todas estas manifestaciones no se creerán todo lo aquí expuesto… porque no son
tontxs. Saben qué sanidad necesitan, pueden desconocer el cómo, pero no son
menores de edad.
Lo
que ha ocurrido el día 27 de enero es solo un parón en el proceso de
privatización agresivo de los neoliberales que gobiernan la comunidad de Madrid
y el resto de comunidades del estado (sin excepción). Nos quedan muchos retos
por delante ya que, centrada la opinión pública ahora en Lasquetty y compañía,
tienen las manos libres para seguir el proceso bajo manta a través de las
Unidades de Gestión Clínica. La siguiente línea que parece quieren seguir es
derivar la atención de las contingencias comunes a las mutuas, restándoselas
así a la atención primaria. Una privatización más, esta vez encubierta, de la
que la marea blanca no dirá nada.
Sin
embargo somos quienes realmente necesitamos el sistema público de salud
(nuestra salud y vidas dependen de ello) quienes debemos relevar estas batas
blancas y repensar como queremos la sanidad. Debemos darnos cuenta que quienes
bailan en las puertas de los hospitales de cara a los medios son pura pantomima
mediática, la fuerza la tenemos quienes salimos a las calles a pelear por lo de
todxs, por lo público. No todas las batas blancas son mafiosas, muchas de las
que hoy favorecen esta rueda privatizadora ni siquiera son conscientes de ello.
Es nuestro trabajo encontrar apoyos y pelear por lo que es nuestro.
No
hacen falta batas para defender lo público. Hacen falta mentes, manos, bocas,
ojos… personas para repensar lo de todxs.
